Ofensiva de 1989 y negociaciones
A partir de julio de 1988, el secretario general de la Presidencia, Germán Montoya había entrado en conversaciones con los líderes de Los Extraditables. Subsecuentes declaraciones del Gobierno fueron interpretadas por los narcotraficantes como una invitación al diálogo, por lo que el 15 de septiembre siguiente, estos respondieron con una carta a la administración Barco, e hicieron llegar a Montoya un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización. Sin embargo, ante la intransigencia de los Estados Unidos, renuente a la posibilidad de dialogar con los narcos, se dilataron las conversaciones y al final se las presentó como iniciativa personal del intermediario, desligando al primer mandatario de ellas.
Como una reacción a este diálogo sin resultados, el cartel encabezado por Escobar y Rodríguez Gacha, inició una cadena de asesinatos de jueces, de funcionarios del Gobierno y de personajes de la vida pública. En marzo de 1989, Los Extraditables mataron a Héctor Giraldo Gálvez ―apoderado del caso Lara en reemplazo de Castro Gil―, y dos meses después dinamitaron la sede de la televisora Mundo Visión. Tras el intento de asesinato contra el jefe del DAS, general Miguel Maza Márquez el 30 de mayo de 1989 en Bogotá, utilizando una poderosa carga explosiva que liquidó a 7, el terrorismo se apoderó del país. El 4 de julio de 1989, en Medellín, en un atentado dirigido al coronel Valdemar Franklin Quintero, murió el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, junto a cinco de sus acompañantes. El 28 de julio de 1989, sicarios de Escobar asesinaron a la jueza María Helena Díaz ―sustituta de Espinoza― y a sus dos escoltas.
El 16 de agosto de 1989 sicarios de Escobar mataron al juez del tribunal superior de Cundinamarca, Carlos Ernesto Valencia, y el 18 de agosto en Medellín al coronel Quintero, acribillado a traición con decenas de impactos de bala. Aunque la noticia del crimen ocurrido en las horas de la mañana fue opacada, cuando en la noche durante un mitin político en Soacha, varias decenas de pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha se infiltraron en la manifestación y dieron muerte al precandidato presidencial por el partido liberal, Luis Carlos Galán, enemigo acérrimo de los narcotraficantes y partidario de permitir la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, que era el que tenía más posibilidades de alcanzar la presidencia de la nación. En este asesinato también se involucra al político Alberto Santofimio Botero (1942) ―que en 2006 se demostró que había sido coautor intelectual del hecho―.
Como consecuencia del asesinato de Galán, los diálogos se interrumpieron del todo y el presidente declaró la guerra al narcotráfico de la misma manera que lo había hecho Betancur cinco años atrás. Con el decreto 1830 del 19 de agosto de 1989, Barco estableció la extradición por vía administrativa, sin contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia; con el decreto 1863 autorizó a los jueces militares a practicar registros donde se presumía o existían indicios de personas u objetos relacionados con algún delito; con el decreto 1856 ordenó la confiscación de todos los bienes muebles e inmuebles de los narcotraficantes; y con el decreto 1859 autorizó la detención en condiciones de absoluta incomunicación y por un tiempo que excedía las normas constitucionales, de personas de las que se tuvieran graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Además se dispuso la creación del Grupo Élite con 500 hombres, esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas y lo puso al mando del coronel Hugo Martínez Poveda. En los días posteriores el Ejército y la Policía llevaron a cabo más de 450 allanamientos en todo el territorio nacional y detuvieron a cerca de 13 000 personas acusadas de estar vinculadas al narcotráfico.
El 23 de agosto Los Extraditables respondieron al Gobierno en una carta a la opinión pública, asumiendo el reto de la guerra total. Con 3000 sicarios en armas, el asocio del paramilitarismo y el respaldo de una porción importante de la población bajo su dominio, a lo que se sumaba el músculo financiero que le daba el control de al menos un 90% del tráfico de cocaína hacia el exterior, el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos. El terrorismo se convirtió en una verdadera pesadilla diaria, se multiplicó y puso en jaque como nunca antes al Gobierno: entre septiembre y diciembre de 1989 más de 100 artefactos hicieron explosión en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira, contra edificios gubernamentales, instalaciones bancarias, comerciales, de servicios e infraestructura económica. En total sumando los ataques sicariales, los narcoterroristas fueron los responsables de 289 atentados terroristas en ese periodo, con un fatídico saldo de 300 civiles asesinados y más de 1500 heridos.
El 30 de agosto de 1989 una primera bomba hizo explosión en Medellín, el 2 de septiembre fueron casi destruidas las instalaciones del diario El Espectador, que en ese mismo día continuó su edición en horas de la tarde, el 11 de septiembre, sicarios de Escobar asesinaron el líder liberal Pedro Peláez González, el 21 de septiembre, los sicarios de Escobar dinamitaron 9 sedes políticas en Teusaquillo y el 26 de septiembre atacaron el Hotel Hilton en Cartagena. Pese a no poder detener las continuas explosiones, las autoridades no cejaron en su esfuerzo, multiplicaron los allanamientos y capturaron a dos grandes capos: Eduardo Martínez Romero y a Rafael El Mono Abello, para luego extraditarlos a Estados Unidos. Como represalia, el 16 de octubre de 1989, un coche-bomba arrasó la sede del periódico Vanguardia Liberal (de Bucaramanga) y mató a 4 periodistas. El 8 de noviembre de 1989, sicarios de Escobar mataron al juez Héctor Jiménez Rodríguez y al periodista Jorge Enrique Pulido (quien ya había recibido amenazas) cuando se disponía a regresar a su programa, después de la emisión dominical del noticiero Mundo Visión, recibiendo varios impactos de bala. También mataron a Luis Francisco Madero (representante a la cámara). A finales de octubre, asesinaron a siete policías en Medellín, cinco de ellos en la explosión de un bus frente al Club de Oficiales de la ciudad.
El 23 de noviembre de 1989 se lanzó un operativo relámpago contra la hacienda El Oro, en Cocorna (Antioquia) en la que se hallaba Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa. Escobar logró escapar, pero murieron dos de sus hombres ―uno de ellos su cuñado, Fabio Henao―, y 55 fueron detenidos. Cuatro días después, el 27 de noviembre, sicarios de Escobar hicieron estallar el vuelo 203 de Avianca con el fin de matar al entonces candidato César Gaviria Trujillo, sucesor de Galán (quien no había subido al avión por consejo de sus asesores), con un saldo de 107 civiles asesinados. El 6 de diciembre de 1989, sicarios de Escobar colocaron un bus bomba frente al edificio del DAS ―la policía secreta colombiana―, tratando de asesinar a su director, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien salió ileso a pesar de que la edificación quedó semidestruida. El bus-bomba destruyó también más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor. Murieron 63 civiles y 500 quedaron heridos.
El 15 de diciembre de 1989, el Gobierno de Barco logró matar al segundo cabecilla del cartel de Medellín y su líder militar, El Mexicano (Rodríguez Gacha). Fue localizado por un informante en la costa norte del país, en donde se hallaba refugiándose de la persecución de las autoridades. Responsable de más de 2000 homicidios y reivindicando el ataque al edificio del DAS, fue asesinado tras una dura persecución entre los municipios de Tolú y Coveñas en el departamento de Sucre, junto a su hijo Freddy Rodríguez Celades, a su principal lugarteniente Gilberto Rendón Hurtado y a cuatro sicarios de su cuerpo de seguridad. Al Mexicano se le atribuían la mayor parte de los atentados terroristas de los últimos meses. Los Extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo y negociación con el Estado, queriéndolo presionar con el secuestro del hijo del secretario de presidencia, Álvaro Diego Montoya y de dos parientes del presidente de la República. Surge entonces una propuesta del expresidente López Michelsen, respaldada por los también expresidentes Julio César Turbay y Misael Pastrana, por el cardenal Mario Rebollo Bravo y por el presidente de la UP Diego Montaña Cuellar, consistente en la formación de una comisión de Notables para negociar con los narcoterroristas. El 17 de enero de 1990, éstos respondieron a dicha propuesta presentándose en un comunicado como aspirantes legítimos al perdón judicial y expresaron una «verdadera voluntad de negociación». Inmediatamente después liberaron los secuestrados, entregaron un bus con una tonelada de dinamita, y uno de los mayores laboratorios de procesamiento de droga en el Choco. Como contraparte los narcos esperaban del Gobierno la creación de la comisión de alto nivel que se encargaría de los procedimientos legales que permitirían su rendición. Sin embargo, esto nunca sucedió y el intento de diálogo y negociación terminó en una nueva oleada de terrorismo. Efectivamente engañados por el Gobierno y frente a una fuerte ofensiva militar en Envigado, declarado zona de operaciones militares por la IV Brigada al mando del General Harold Bedoya, Los extraditables pusieron fin a la tregua el día 30 de marzo, poniendo precio a la cabeza de cada policía muerto. Medellín y su área metropolitana se vieron envueltos en una verdadera guerra urbana, tras las primeras ejecuciones de uniformados y después del ataque contra un camión del Grupo Élite, ocurrido en un puente de Itagüí el 11 de abril. Este atentado que dejó 20 muertos y 100 heridos fue el primero de los 18 que se sucedieron hasta finales de julio con un saldo de 100 víctimas fatales y 450 heridos. El 12 de mayo, víspera de la celebración del Día de la Madre hicieron explosión en 2 centros comerciales de Bogotá sendas bombas que mataron a 21 personas. El mismo día en Cali otro acto terrorista cobró la vida de 9 civiles. A finales de mes a la vez que un sicario se hacía volar frente al Hotel Intercontinental de Medellín, acabando con 6 policías y 3 transeúntes, fue acribillado el senador Federico Estrada Vélez y su conductor. La violencia se recrudece y las víctimas fueron miles: en represalia por la muerte de 215 uniformados ejecutados entre abril y julio de 1990, escuadrones de la muerte sube todas las noches a las comunas y fusilan a decenas de hombres, varios de ellos menores de edad. Poco después de que el jefe militar de Escobar, Pinina (John Jairo Arias Tascón), fuera asesinado el 14 de junio, vino otra serie de acciones bélicas: 19 jóvenes de la alta sociedad antioqueña son masacrados en el bar Oporto y un coche-bomba estalló frente a la Estación Libertadores de la Policía, matando a 14 civiles. Finalmente, a finales de julio, después de un inmenso operativo en el Magdalena Medio antioqueño del que una vez más escapó Escobar, Los Extraditables decretaron una nueva tregua y se pusieron a la defensiva, en espera de las decisiones que pudiera tomar la administración entrante de Gaviria. En todo caso afirman la imposibilidad de entregarse a la justicia mientras no se reestructuren los organismos de seguridad del Estado y no se crearan los mecanismos legales apropiados para evitar su extradición.
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