Aparte de un proceso de paz inconcluso, el presidente César Gaviria heredó la «guerra contra el narcotráfico» con la que su predecesor había pretendido reducir al Cartel de Medellín y su red de sicarios, enemigos declarados del Estado. Aunque durante su campaña presidencial había demostrado total respaldo tanto a la ofensiva como a las medidas tomadas por el primer mandatario, entre ellas la más temida por los narcoterroristas, que era la extradición por vía administrativa; una vez posesionado dejó entrever que el elevado costo económico y humano de esta guerra merecía la búsqueda de una salida alternativa en la que el fortalecimiento de la justicia sería un elemento clave. El 12 de agosto en todo caso, en un golpe de mano, hombres del Grupo Élite asesinaron a Gustavo Gaviria Rivero, primo y mano derecha de Pablo Escobar.
Aprovechando el respiro de la tregua unilateral indefinida anunciada en julio por Los Extraditables, el ministro de justicia Jaime Giraldo Ángel diseñó la legislación de estado de sitio que se haría pública como «política de sometimiento a la justicia». Dicha política, que se materializó en cinco decretos que posteriormente, serían elevados después de una depuración, a legislación permanente en el nuevo Código de Procesamiento Penal, aspiraba en términos simplificados, a favorecer con la reducción de la pena a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran por lo menos un delito, con la garantía, en algunos casos condicional, de ser juzgados en el país y recluidos en pabellones de alta seguridad. Los primeros en acogerse a la oferta, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, fueron los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, socios cercanos de Escobar quien receloso de las intenciones del Gobierno, que ya le había incumplido anteriormente, organizó una serie de secuestros selectivos de periodistas de renombre y de personajes influyentes en la vida nacional. Escobar ordena el secuestro a familiares de miembros del Gobierno y a periodistas, de la larga lista de secuestrados los más reconocidos fueron: Francisco Santos Calderón (redactor jefe del diario El Tiempo), Maruja Pachón de Villamizar (periodista y directora general de Focine, esposa del político y diplomático Alberto Villamizar), Beatriz Villamizar de Guerrero (hermana de Alberto Villamizar y asistente personal de FOCINE), Diana Turbay (directora del noticiero de televisión Criptón y de la revista Hoy x Hoy, hija del expresidente de la República Julio César Turbay) y quien murió en hechos confusos durante un intento de rescate de la policía, Marina Montoya de Pérez (hermana del exsecretario General de la Presidencia, Germán Montoya) y quien es ejecutada por sus captores como represalia por la muerte de sicarios y colaboradores del Cartel manos de la policía, en especial por la muerte de los hermanos Armando y Ricardo Prisco Lopera, líderes de 'Los Priscos', brazo armado del cartel, Álvaro Diego Montoya (hijo mayor del entonces Secretario General de la Presidencia, Germán Montoya), Patricia Echeverri y su hija Diana Echeverri, parientes políticas del expresidente de la República Barco presionando de ese modo al presidente saliente y electo para que fuera tratado como un delincuente político, haciéndose beneficiario de paso de los indultos reservados a los guerrilleros. Escobar además pretendía arrancarle al Ejecutivo un acuerdo hecho a su medida y siguió presionando nuevamente por la vía armada, amenazando con ejecutar a los rehenes y con reiniciar su ofensiva terrorista. El 13 de diciembre de 1990 una bomba mató a 7 policías en Medellín y otros 7 más serían ultimados por sicarios en los 3 primeros días de enero y con una nueva racha de atentados: una decena de efectivos policiales fueron víctimas de sicariato, una explosión en un bus dejó 6 muertos y el 16 de febrero un atroz bombazo contra una patrulla del F-2 en Medellín frente a la plaza de toros de la ciudad, se saldó con 22 civiles muertos. Dos meses después, sicarios de Escobar mataron al exministro de Justicia Enrique Low Murtra, en Bogotá.
El Gobierno debió plegarse a las exigencias de Escobar, quien liberó al resto de los secuestrados como gesto de «buena fe». Pero solo hasta cuando estuvo seguro de que la Asamblea Nacional Constituyente había votado y aprobado el 19 de junio de 1991 el artículo que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento, Escobar se entrega en compañía del padre Rafael García Herreros y Alberto Villamizar, mediadores en su rendición. Luego sería recluido en la famosa Cárcel de La Catedral en Envigado. Desde allí pese a las promesas de no delinquir más, siguió controlando los hilos del negocio ilegal a través de otros 2 aliados suyos que no se entregaron: Fernando El Negro Galeano y Gerardo Kiko Moncada y varios de sus sicarios.
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