La Guerra del Narcoterrorismo

Guerra contra el narcotráfico en Colombia y Conflicto armado en Colombia.

Escobar fue acusado por varios medios de comunicación de haber patrocinado la Toma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, que acabó con la vida de toda la Corte y que resultó en la destrucción del Palacio.

Las investigaciones de Rodrigo Lara Bonilla, junto con el coronel de la policía, Jaime Ramírez Gómez, prueban la vinculación de Escobar en el narcotráfico cuando el capo le había dado al ministro un ultimátum de demostrar sus acusaciones o en su defecto lo acusaría de calumnia y difamación. Escobar junto con Ortega atacan al ministro mostrando un cheque, al parecer falso, del narcotraficante Evaristo Porras financiando la campaña de Lara al senado pero el ministro niega tal vínculo y logra desacreditar a Escobar mostrando públicamente un documental del canal estadounidense ABC sobre el capo mientras que Ramírez encabezaba un operativo que desmanteló Tranquilandia, un gigantesco complejo de laboratorios para el proceso de cocaína perteneciente al Cartel ubicado en las cercanías del río Yarí en la entonces comisaría del Guaviare. Por tanto, Escobar pierde su escaño y su visa a Estados Unidos es cancelada y públicamente Escobar renuncia a la política.

El 30 de abril de 1984 Lara es asesinado por órdenes de Escobar dando inicio a un período que ha pasado a la historia como el «narcoterrorismo». Tras dicho hecho el presidente Belisario Betancur, antes opuesto a la extradición de colombianos, decide autorizarla desencadenando una serie de operativos por parte de la policía para capturar a los miembros del Cartel de Medellín. Con este marco legal del Estatuto de Estupefacientes, Betancur inició la primera gran guerra contra el narcotráfico; se dispone del embargo y del secuestro de bienes y del aumento de penas y multas para delitos asociados al tráfico de drogas, pasando éstos al conocimiento de la Justicia Penal Militar. Los principales cabecillas del Cartel debieron refugiarse en Panamá e intentaron en mayo de 1984 en medio de los llamados Diálogos de Panamá con el expresidente Alfonso López Michelsen en un último intento de acercamiento al Estado. Su fracaso se debió a que los diálogos se habían filtrado a la prensa. Meses después regresarían clandestinamente al país y la guerra total sería cuestión de tiempo.

Un año después del asesinato de Lara Bonilla, pese a los anuncios del Gobierno de combatirlos, los narcotraficantes del cartel de Medellín renombrados ahora como Los Extraditables, permanecían impunes expandiendo su aparato criminal por amplias zonas del país y abriendo nuevas rutas de tráfico de cocaína por Nicaragua y Cuba. Todo ello en connivencia con algunos sectores de la fuerza pública, comprados a base de dinero y terror.

En noviembre de 1984 «los Extraditables» hicieron estallar un coche-bomba frente a la embajada norteamericana en la capital colombiana matando a una persona y en junio de 1985 ordenaron la muerte del juez Tulio Manuel Castro Gil, encargado de investigar el crimen de Lara Bonilla. Escobar, ambiguo en sus relaciones con la guerrilla, después del episodio del MAS, se acercó al M-19 por intermedio del comandante Iván Marino Ospina y de algún modo se cree que estuvo al tanto de los hechos que se iban a desarrollar en el Palacio de Justicia ofreciendo apoyo económico para la operación; si bien los hechos no están dilucidados del todo. En cualquier caso las relaciones fueron bastante cercanas y motivaron cierto alejamiento de la cúpula del M-19 con Ospina y la operación en el Palacio de Justicia fue autorizada por su sucesor Alvaro Fayad.

La campaña de terror continua contra sus enemigos en el Gobierno y los que apoyaran el tratado de extradición, hecho efectivo en enero de 1985 con el envío de los primeros capturados a Estados Unidos por medio del recién posesionado Ministro de Justicia Enrique Parejo González en reemplazo del asesinado Lara, y todos los que denunciaran sus negocios y redes mafiosas: «los Extraditables» asesinaron en febrero de 1986 en Baton Rouge, Luisiana, al piloto y testigo ante la justicia norteamericana Barry Seal, en julio al magistrado Hernando Baquero Borda, ponente del Tratado de Extradición en 1980, y al periodista de El Espectador (Bogotá) Roberto Camacho Prada, y el 18 de agosto ya con el nuevo presidente de Colombia Virgilio Barco Vargas, al capitán de la policía antinarcóticos Luis Alfredo Macana. Además, demostrarían su poder de corrupción cuando evitaron que Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela capturados en España y ambos reconocidos narcotraficantes, fueran extraditados a Estados Unidos y fueran deportados a Colombia donde pagaron irrisorias penas de cárcel. Hasta ese momento los principales grupos exportadores de droga del país mantenían generalmente buenas relaciones entre si, aunque la atención de las autoridades se centraba esencialmente sobre los violentos cabecillas de Medellín, que controlaban hasta un 90 % del lucrativo negocio. Y a pesar de que los jefes de Cali optaron principalmente por la corrupción y por la infiltración dentro de las instituciones como medio de lidiar con el Estado, en septiembre de 1986 ordenaron el crimen del periodista del Diario Occidente, Raúl Echavarría Barrientos.